Sanciones Penales nuevas para el acoso laboral.

El PSOE estudia medidas para agilizar los juicios y reclamaciones por impago de alquileres y conflictos de tráfico
Podría proponer en su programa sanciones penales para el acoso laboral y que las empresas tengan responsabilidad penal Analiza proponer una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que contemple que el fiscal instruya las causas en lugar del juez MADRID, 6 (EUROPA PRESS)El PSOE estudia incluir en su programa electoral una reforma de las leyes procesales para resolver más rápidamente asuntos que no son complejos judicialmente pero que tienen gran impacto social, como los impagos de alquileres, los conflictos entre vecinos y las disputas de tráfico. También analiza una reforma del Código Penal --en la que se sancionara penalmente el acoso laboral, y a las personas jurídicas por determinados delitos-- y una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal para que el fiscal sea el instructor de las causas en lugar del juez.Según fuentes socialistas consultadas por Europa Press, la propuesta en estudio incluye extender los juicios rápidos y reformar el llamado 'proceso monitorio' (que permite reclamar rápidamente cantidades de hasta 30.000 euros) para solucionar rápidamente conflictos como el impago de alquileres, las relaciones entre vecinos o los conflictos derivados del tráfico.Precisamente la agilización de los procesos por impago de alquileres fue una de las medidas que el PSOE anunció recientemente que estudiaría, a raíz del nombramiento de la nueva ministra de Vivienda, Carme Chacón y el nuevo impulso que anunció a la política de vivienda.REFORMA DEL CODIGO PENALEl PSOE podría llevar también en su programa electoral una propuesta de reforma del Código Penal que prevea sanciones penales para el acoso laboral y para los clientes de la prostitución de menores de edad.Dicha reforma del Código se concentraría además en hacer frente al crimen organizado, y haría que las empresas y sociedades (personas jurídicas) tengan responsabilidad penal cuando se trate de delitos económicos, laborales o medioambientales o de tráfico de personas. Actualmente sólo las personas físicas pueden tener responsabilidad penal.En el capítulo de las empresas, se podría tipificar además el delito de corrupción en el ámbito privado para proteger a accionistas y clientes de las empresas. Los socialistas estudian asimismo la creación de un Observatorio que analice la mejor forma de combatir los delitos que más afectan a la convivencia ciudadana.Además, el PSOE estudia promover una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal para dejar en manos de los fiscales la fase de instrucción judicial que, a diferencia de lo que sucede en otros países, en España corresponde actualmente a los jueces de instrucción. La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal perseguiría además garantizar la doble instancia penal y la posibilidad de revisión de las condenas.Los socialistas pretenden que la Justicia cumpla eficazmente su función de servicio público y derecho ciudadano y para ello estudian proponer medidas para garantizar la puntualidad en los juicios y que todos los actos procesales se redacten de manera comprensible para el ciudadano.En la misma línea, estudian crear oficinas de atención al ciudadano que estén abiertas mañana y tarde --incluso sábados por la mañana-- para que ciudadanos y profesionales puedan conocer de manera telemática el estado de los procesos que les afecten. Para esta y otras medidas sería necesario profundizar en la implantación de las nuevas tecnologías, señalaron las fuentes.Los socialistas también barajan proponer la agrupación de Partidos Judiciales para impulsar la modernización de la Administración de Justicia.
MEDIACION Y ARBITRAJEPor otro lado, el PSOE sopesa también proponer reformas de las leyes civiles y, en concreto, potenciar el arbitraje y redactar una Ley de Mediación para fomentar el uso de este mecanismo en asuntos familiares, mercantiles, laborales, educativos penales y administrativos.Además, cree que hace falta hacer cambios en el Código Civil para adaptarlo a las situaciones individuales derivadas de la inmigración y realizar cambios en las figuras relativas a la protección de menores, a las relaciones patrimoniales en el matrimonio y a la disposición 'mortis causa'.

Trinidad Pastor